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El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) manifestó su preocupación ante el avance judicial sobre la Ley 27.802 de Modernización Laboral, recientemente sancionada por el Congreso, y advirtió sobre sus posibles efectos en la estabilidad institucional y económica del país.
A través de un comunicado, la entidad señaló que, “más allá del pleno respeto por la división de poderes”, el dictado de una medida judicial de estas características “atenta contra la estabilidad jurídica y el funcionamiento económico del país”, luego de un proceso legislativo que incluyó un amplio debate y la aprobación en ambas Cámaras.
En ese sentido, el CAA consideró que la suspensión de un número significativo de artículos de la norma no debe interpretarse como un hecho aislado. “No debe ser observada como un hecho particular, sino como una medida que genera interrogantes sobre la credibilidad e institucionalidad de la Argentina”, sostuvo.
La organización destacó que la ley fue sancionada en el marco de un proceso de cambio impulsado a nivel nacional. “El Poder Legislativo ha aprobado esta norma con amplia mayoría, respetando los procedimientos formales y en pleno cumplimiento de las garantías constitucionales”, remarcó.
Asimismo, advirtió sobre el impacto que puede generar la falta de previsibilidad normativa. “La falta de claridad y previsibilidad del marco legal y la afectación a la estabilidad institucional inciden negativamente en el desarrollo de la Argentina y de los sectores productivos”, señaló.
El CAA también subrayó la importancia de la plena vigencia de la Ley de Modernización Laboral para el desarrollo productivo. “Es de suma relevancia para el crecimiento federal y exportador, así como para el respeto por las instituciones y la división de poderes”, indicó.
Finalmente, la entidad reafirmó su postura en favor de políticas orientadas a la inversión y el desarrollo. “Seguiremos promoviendo la adopción de leyes que fomenten la inversión, la innovación y el desarrollo federal con visión exportadora”, concluyó.
El pronunciamiento se da en un contexto de debate sobre el alcance de la reforma laboral y el rol de la Justicia en su implementación, en medio de tensiones entre distintos sectores políticos y económicos.